Crecimiento y desigualdad: ojo con pensar que el PIB es el único indicador de prosperidad
28/10/2019
Por Axesor
Crecimiento y desigualdad

El ritmo al que ha crecido la economía de España desde que salió de la última gran crisis, en 2014, ha sido admirado y hasta envidiado por parte de sus socios europeos. El PIB español acumula ya 25 trimestres consecutivos de avance. Y, aunque es cierto que la desaceleración que se expande por el Viejo Continente ha hecho mella en la economía española, también lo es que esta sigue creciendo por encima de la media europea. El Gabinete de Estudios Económicos de Axesor prevé un avance del 2% para el conjunto de 2019 y del 1,8% para 2020. Las cifras están lejos del 3,8% que sumó en 2015 y también del más moderado 2,4% con el que cerró 2018. Pero no es un avance desdeñable en comparación, por ejemplo, con la situación de Alemania, locomotora del bloque, que bordea peligrosamente la recesión.

La prosperidad de un país no se mide, sin embargo, solo por su PIB, sino también por las desigualdades. Y, pese a ese envidiable compás de crecimiento desde la Gran Recesión, estas han aumentado en España desde 2008. Más de uno de cada cuatro españoles (26,1%) se encontraba en 2018 en riesgo de pobreza y exclusión social, según destacó recientemente Eurostat. Son 2,3 puntos porcentuales más que diez años antes. Con 12,2 millones de personas en esa situación, España es, junto a Luxemburgo, Grecia y Estonia, uno de los cuatro únicos países en los que el riesgo de exclusión ha crecido en los últimos diez años.

El reto es, pues, lograr un crecimiento inclusivo porque las vulnerabilidades lastran el potencial de una economía y no lo hacen solo en momentos de desaceleración como el actual, sino también en los tiempos de mayor bonanza económica. Es algo que Axesor Rating tiene presente en sus calificaciones de crédito soberanas. En la última revisión de la de España, este mes de octubre, alertamos de que, “al ritmo actual, será difícil cumplir con el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en el año 2030, tal y como se comprometió España en 2015 con su adhesión a la Agenda 2030”, el plan de acción mundial de la ONU basado en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), tanto económicos como medioambientales, que tiene por meta asegurar el progreso social y económico sostenible.

No ayudan los desequilibrios persistentes del sistema educativo español. El abandono escolar es elevado (17,9%) y España tiene una de las tasas de ocupación de los recién graduados más bajas de Europa: el 75,4%. Contrasta, por ejemplo, con el 92,1% de Alemania, y es, claramente, una amenaza para el futuro crecimiento de la economía española por su impacto negativo en la productividad.

El elevado desempleo (14,5% a cierre de 2008) es otro de los grandes desafíos, tanto por su proximidad al nivel estructural, como por su elevada temporalidad, su larga duración y su incidencia en los más jóvenes. Fue, de hecho, una de las principales causas del incremento de las desigualdades sociales durante los años de la crisis, esas de las que hablábamos más arriba y que están ahora, diez años después, más extendidas que en 2008.

Sería injusto, no obstante, no destacar que España ha venido trabajando en el cumplimiento de los ODS. Debemos poner en valor, por ejemplo, la primera emisión de bonos verdes que llevó a cabo el Instituto de Crédito Oficial en el primer semestre de 2019 por 500 millones de euros. Le siguieron emisiones regionales, entre ellas de la Comunidad de Madrid. 

El país cuenta ya con un Alto Comisionado para la Agenda 2030 y un Consejo de Desarrollo Sostenible, así como con una Comisión parlamentaria para su seguimiento. Pero la inestabilidad política que atraviesa -en noviembre se celebrarán las cuartas elecciones generales en cuatro años- está teniendo efectos negativos: sigue pendiente finalizar la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y la aprobación de la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Y también faltan los recursos para ello, que solo podrán dotarse si se aprueban unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que la fragmentación parlamentaria ha hecho imposible en 2019.